Con este escrito pretendo dar a conocer a detractores y uribistas las razones por las cuales no es el gobierno de Uribe el mejor que ha existido, sin utilizar para ello el caballo de batalla de la famosa seguridad la cual ha sido un éxito y que con razón ha sido tan defendida y promocionada por los amigos y simpatizantes del gobierno, pero la cual en mi consideración no es sino un pequeño elemento de una política gubernamental que se precie de incluyente, amplia y seria.
En fin con todo respeto el llamado es a que no traguemos entero y que miremos y califiquemos la gestión de Uribe no solo desde su actuar contra las guerrillas y paramilitares sino en todos los frentes de la política gubernamental.
Esta un poco largo pero espero lo lean…..
El discurso presidencial promete una serie de mejoras en las condiciones de vida de la población, sin embargo, el análisis a fondo de las políticas públicas propuestas por el presidente Uribe en diferentes proyectos de ley y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros instrumentos, muestra que por un lado va la retórica oficial y por otro las consecuencias reales de dichas políticas. Se observa una profundización drástica de las políticas adoptadas por gobiernos anteriores. Los efectos previsibles no son nada esperanzadores para los sectores populares tradicionalmente excluidos, ni para las clases medias en proceso de pauperización.
En materia de política social, responsable principal de proteger, respetar, garantizar y asegurar el disfrute de los derechos sociales para los ciudadanos de un país, el gobierno del presidente Uribe no plantea grandes cambios frente a las tendencias de la década de los 90 y de su antecesor Pastrana, por el contrario, las refuerza y aplica de manera aún más drástica, acorde con la profundización del modelo neoliberal.
Aunque se continúa con el mismo tipo de política, el Gobierno actual viene impulsando una segunda ola de ajustes para profundizarla; las reformas laboral, pensional, tributaria y social, entre otras, constituyen un conjunto dirigido a desmontar el Estado social de derecho consagrado en la Constitución del 91.
Es claro que el planteamiento global del "uribismo" no hace referencia a la seguridad social sino a la protección social, y no es solamente un problema de nombre del nuevo Ministerio. Si se analiza detenidamente el contenido de las políticas de vivienda, agraria, educación, salud, laboral, entre otras, de fondo se observa un retroceso trascendental en la evolución de la teoría y práctica económicosocial de finales del milenio, en la medida en que se regresa a la concepción del siglo XIX de asistencia social, fundamentada en la caridad hacia los más débiles para su sobrevivencia, bajo la idea liberal clásica de protección a los desvalidos.
Asi mismo se está dando una profundización de la lógica del mercado, reduciendo la garantía de derechos sociales a las responsabilidades contractuales para aquellos que, por su condición socioeconómica, logren adquirir dichos derechos; el resto no logra su protección, en la medida en que carecen de los medios de pago para adquirir el bien y/o servicio; ello conlleva el traslado de la responsabilidad del Estado a los mismos individuos y comunidades.
O se cuenta con ingresos suficientes para cubrir los gastos que demanda cierto nivel de seguridad social, o si se es demasiado pobre, se vive en tugurio y/o se accede a una red clientelista; en últimas, si se cuenta con mucha suerte, se puede acceder a un subsidio mínimo e insuficiente, pero compensatorio transitoriamente que, como se ha comprobado, tiene una cobertura muy reducida para la magnitud y necesidades de la población pobre e indigente. Mencionar las cifras resulta indignante, pues en muy pocos años se pasa de 50 a 60% de población en situación de pobreza.
Los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional - FMI, implican el recorte de personal en las entidades estatales, su fusión y/ o liquidación definitiva, con el consecuente traslado de responsabilidades esenciales a entes privados; funciones éstas que en algunos casos, por su carácter de control y vigilancia, son propias de la esfera estatal, encargada por excelencia de velar por los intereses colectivos y por lo tanto con responsabilidades indelegables en entidades que pueden priorizar intereses privados en contravía de los públicos, es el caso del Instituto de Vigilancia de Medicamentos - Invima. Además, en los procesos de fusión de entidades públicas, éstas se recargan de responsabilidades sin garantizar que efectivamente van a poder cumplir con las nuevas tareas asignadas; por ejemplo, la fusión de la Superintendencia de Salud con la de Subsidio Familiar, cuando la primera no daba abasto con la cantidad de quejas y denuncias recibidas a raíz del círculo perverso de la privatización de la salud.