Dado que el neoliberalismo no ha podido encontrar un formato político que le permita estabilizar su modelo, como ocurrió en la fase anterior del capital con el estado benefactor en los países metropolitanos y el populismo nacionalista en los periféricos, la tendencia es la de fortalecer los ******os de represión, justicia, cárceles, ejército y policía. Este es el telón de fondo en el que debe explicarse la cruzada imperial de la denominada lucha “anti-terrorista” oficializada por el gobierno de Bush después de los sucesos del 11 de Septiembre del 2001. En Colombia este papel ha sido cumplido desde hace varias décadas por el Estado y su animación de la guerra civil interna.
Los trabajadores y sectores populares padecemos los efectos de las borracheras de los de arriba; mientras ellos se divierten, abajo hay hambre, desempleo y sufrimiento. El régimen es oligárquico y autoritario. Y lo ha sido porque el régimen ha gobernado los conflictos sociales que brotan utilizando el Estado como un botín del gobernante. Gobierna a millones de pobres. Por ende, entre nosotros se mantiene aún una tendencia histórica trágica: a mayor pobreza y miseria más autoritarismo del régimen y más sumisión de la mayoría de la población.

Con respecto a la política social de Uribe Vélez, expresada en el PND (2007-2010) aprobado recientemente por el Congreso, lo que se viene implementando es un retroceso radical para las grandes mayorías en términos de la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

El principal programa social de Uribe Vélez denominado “Superación de la pobreza extrema”, no es más que la adecuación del programa “Familias en acción” de Pastrana, a la propuesta del Estado Comunitario de Uribe.

“Este programa involucra a un millón quinientas mil familias pobres (7 millones de personas aproximadamente), a las cuales les transfiere dinero cada mes. Los dineros los entrega la Presidencia de la República y, por supuesto, las familias favorecidas van a estar “eternamente agradecidas” con su benefactor. Los recursos para la “superación de la pobreza extrema” provienen del recorte de las transferencias a los gobiernos locales. El programa vale 19 billones de pesos durante el cuatrienio 2007-2010, que es un monto similar al valor del recorte efectuado por el Congreso en junio pasado. Lo que demuestra que dicho recorte en el fondo no se hizo por razones de ajuste fiscal –como se afirmó hasta el cansancio-, sino más bien para trasladar a la Presidencia el clientelismo que con las transferencias se hacía en los gobiernos locales”[2]

“Proteger los ingresos de las personas” es el argumento esgrimido para promover el programa y darle continuidad a la política social, y los mecanismos para ello, de acuerdo con el PND, son “los subsidios monetarios para los más pobres” y “fortalecer el autoempleo y la habilitación ocupacional para la población más vulnerable”. La habilitación quiere decir que quienes no tengan trabajo deben ser capacitados para que adquieran las destrezas necesarias en el mercado laboral, y el autoempleo consiste en microcrédito para que las personas generen su propio trabajo a través de microempresas. Esto último es lo que se conoce como “emprendimiento”. La propuesta es que la capacitación se combine con el “empresarismo”, política promovida especialmente desde el SENA.

Centrar lo social en la protección de los ingresos significa un cambio en el discurso de lo social, porque ya no se trata de la protección al trabajo y los derechos laborales. Esto último es calificado en el PND como “privilegios sindicales”. Ya no se trata de que las personas tengan la garantía del derecho al trabajo sino que sean empleables. El PND señala en su introducción que los “privilegios sindicales” y el “burocratismo” no permiten “un estado al servicio estricto de la comunidad”.

Como lo demuestran las tendencias actuales, la consigna de combate a la pobreza parece convertirse en la de su generalización, y la de empleabilidad en precarización del trabajador, con lo cual terminarán por agravarse los problemas fiscales y la viabilidad de los sistemas de protección social. Los fiscales porque los informales no pagan impuestos. Por eso, el gobierno aspira, secretamente, mediante el microcrédito, a bancarizar a los pobres, y de esta forma, seguirles la pista para ponerlos a tributar.

Así pues, los derechos al trabajo son reemplazados por la atención de las necesidades básicas de los pobres y por la empleabilidad. La atención de las necesidades es considerada como un favor, del cual los pobres deben estar agradecidos; ¡Adelante Presidente!. A los pobres malagradecidos se les manda la policía. Tales favores se traducen en una explosión de programas asistenciales (que el Plan llama “Promoción social”): superación de la pobreza extrema, régimen subsidiado de salud, adulto mayor, comedores comunitarios, banca de oportunidades, y muchos más.

Esta política social busca únicamente regular los conflictos más extremos que la estrategia de crecimiento económico deja entre los pobres. No se busca acabar la pobreza sino apenas administrar los pobres, con el fin de construir las bases de apoyo para la legitimación de la acción gubernamental. Mientras los pobres sigan siendo pobres, podrán devolver en agradecimientos lo que el gobernante otorga como favores. Así, lo que antes podía exigirse en calidad de ciudadano, ahora sólo se podrá suplicar en calidad de súbdito. Cuando el derecho se sustituye por un subsidio, el elemento de exigibilidad característico del derecho termina reemplazado por el agradecimiento que genera la obtención del subsidio.

Con respecto al problema de la revaluación de la moneda, éste hay que ubicarlo dentro del contexto general de la crisis económica de Estados Unidos, el cual presenta desastrosos indicadores macroeconómicos (la mayor deuda externa en el mundo; ascendente déficit fiscal; desnivel de su balanza comercial). Según Pablo Dávalos “la administración Bush, luego de recortar los impuestos, reducir el gasto social del gobierno, e incrementar los gastos militares, ha optado por una vía espuria de crecimiento vía devaluación del dólar”[3]

A través de este mecanismo, Estados Unidos puede: rebajar su deuda externa (contraída en dólares); comprar más barato los productos que importa (mejorando su balanza comercial); vender más servicios y tecnología (al ser más competitiva su moneda en relación con el euro y el yuan); pagar más barato el petróleo que consume (porque éste se comercializa sólo en dólares); obligar a los Bancos Centrales de los países periféricos a comprar dólares (ahorro de divisas) para poder controlar los ataques especulativos de las bolsas, con lo cual puede seguir emitiendo dólares masivamente para el resto del mundo, equilibrando mejor su balanza interna. Por estas, entre otras razones, es muy difícil que el problema actual de la revaluación del peso se resuelve a corto o mediano plazo.

2.Se dice que a nuestro presidente “no lo toca nada”, ni siquiera los escándalos de la “parapolítica”, y que mientras más se le ataca, más popular se vuelve y más crece su aceptación entre la gente, lo cual se refleja en las encuestas. A pesar del cuestionamiento sobre la legitimidad del Congreso y de las elecciones presidenciales del 2002, y de que continúa la vinculación de políticos y personalidades de la vida nacional a los procesos de la parapolítica, el país no parece querer despertar del aletargamiento en el que se encuentra. ¿Cómo logra Uribe manejar esta situación sin que se afecte su imagen?
A dos años de la ley de justicia y paz, el proceso está en ciernes: los jefes paramilitares siguen mandando desde las cárceles; son ellos –y no los jueces-los que deciden qué, cuándo y cómo dar sus famosas “versiones libres”, que han resultado ser solamente un espectáculo carnavalesco, donde no se dice nada, y donde no hay verdad ni reparación para las víctimas. Frente a la sentencia 26945 de Julio 11 de 2007 proferida por la Corte Suprema de Justicia negando que las actividades paramilitares puedan ser incluidas en el tipo penal de "delito político" o "sedición", los paramilitares responden con su renuencia a seguir dando sus versiones libres, y el gobierno nacional, en cabeza del presidente Uribe convoca a un “acuerdo nacional” para salvar el proceso con los desmovilizados a través de una la presentación de un nuevo anteproyecto ley que tramite el Congreso para devolverles el carácter político, que los haga acreedores a beneficios de amnistía, perdón y olvido y participación en cargos públicos y política electoral.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfredo Gómez, advirtió en entrevista con El Tiempo, de las consecuencias que tendría para el país la posible aprobación de dicho anteproyecto de ley que el presidente Álvaro Uribe piensa presentar el Congreso, en el que plantea que los crímenes cometidos por paramilitares sean considerados como delitos políticos. Según Gómez: “los desmovilizados combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tendrían entre otros beneficios, el "derecho al asilo político" (...) "latente la posibilidad del indulto y la amnistía", queda prohibida la extradición y podrían llegar a cargos públicos".