He visto decenas de veces a doña Yolanda Pulecio clamando por la liberación de su hija. Juan Carlos Lecompte ha hecho lo propio por exigir un canje humanitario que permita el regreso a casa de su esposa. Ellos han logrado entrevistas en todos los medios, han escrito sobre el tema e incluso han hablado con el presidente de Francia. Todo esto para el retorno de Ingrid Betancur.
El General Santander decía que “terquedad exagerada es sinónimo de estupidez” (El gran calumniado de Germán Riaño, página 88 ). Si hay un fuerte operativo militar para recuperar un área que fue el paraíso guerrillero durante tres años; si los guerrilleros están huyendo acobardados por la acción militar; si algunos de ellos tiene la misión de cubrir la huida de sus cabecillas; si el comandante militar del operativo recomienda no movilizarse por la zona; si el Presidente de la República le niega la autorización para viajar en un helicóptero militar al área; si el jefe de seguridad se niega a internarse en la zona crítica; si todo esto se conjuga, ¿porqué la terquedad de entrar a San Vicente del Caguán?
La respuesta la tiene Ingrid Betancur. Sin embargo, las explicaciones estarían por los lados del alcalde de San Vicente del Caguán, quien ganó las elecciones en representación del partido Oxígeno Verde, de Ingrid Betancur. Además, ella estaba en campaña y vio una oportunidad importante para sumar más adeptos a su causa y de paso, fortalecer aún más esa imagen de heroína que Ingrid tiene entre los colombianos.
Claro que el derecho a la movilización es fundamental. También lo es el ejercicio democrático de un candidato en todo el territorio nacional. Pero si ya habían antecedentes de lo que ocurría con los candidatos en esa zona, (recordemos que a Serpa lo detuvieron en el sector de Balsillas, con numerosa comitiva y todo) y si la situación de orden público era bien difícil, ¿para qué los actos heroicos? Seguramente estos sumarían unos cuantos votos, si todo salía bien.
Si un policía me dice: no pase por esa calle que hay un tiroteo y yo, terco, me encamino justamente por ahí, si me impacta una bala es mi responsabilidad y mi culpa, porque el Estado, representado por el policía, intentó protegerme con esa advertencia que yo desprecié.Seguramente estas son las razones muy ocultas que tiene el gobierno para asumir la actitud retrechera frente al canje de Ingrid Betancur. Además está la negativa de su familia de rescatarla en un operativo militar, lo que significa que prefieren a Ingrid viva, como trofeo de las Farc, en riesgo constante y a merced de los terroristas y de la manigua; que correr el riesgo de su sacrificio, lo que significaría para los terroristas perder un elemento fundamental para la presión que ejercen en pos de conseguir la libertad de 500 delincuentes y de paso, echarse encima a la opinión internacional, sobre todo la europea, que ya no los vería como los libertadores de la opresión y los luchadores por la democracia sino como lo que son: una banda de asesinos, terroristas y narcotraficantes oligarcas.
Recuerdo que Javier Darío Restrepo realizó hace años un informe sobre 18 carabineros de la policía que fueron condenados por el delito de cobardía. El informe se iba a convertir en un dramatizado, pero el gobierno de la época se opuso a su emisión.
Desde esa época me quedó sonando el tal delito de cobardía. Sin embargo, cuanto pude ver las imágenes de la toma a Mitú y la entrega del cuartel de policía por parte del coronel Mendieta y sus hombres, volvió a mi memoria el delito de cobardía.
Entonces lo busqué en el Código Penal Militar y encontré lo siguiente: el título cuarto habla sobre los delitos contra el honor y el capítulo primero, de la cobardía. Entonces leí el artículo 137 sobre cobardía en el ejercicio del mando y dice:
“El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o sediciosos o entregare por medio de capitulaciones la propia guarnición, unidad militar o policial, buque, convoy, nave, aeronave o lo abandonare sin agotar los medios de defensa que tuviere a su disposición”.
“El comandante que por cobardía cediere ante el enemigo, rebeldes, sediciosos o delincuentes, sin agotar los medios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si esto determinare la pérdida de una acción bélica o una operación”.
Recuerdo al coronel Mendieta y a sus hombres saliendo con el fusil en sus manos, entregándose a los terroristas y dejando en poder de los delincuentes, las instalaciones policiales. Recuerdo la sanción al Estado por no defender a la población de Mitú. Recuerdo los rostros desencajados y expectantes de esos policías que no tenían la menor idea que serían, años después, un importante instrumento para doblegar al Estado que un día juraron defender.
El coronel Mendieta es uno de los 63 secuestrados canjeables por las Farc. Su familia ha hecho todo lo posible por presionar el canje. Pero el gobierno mantiene los oídos sordos ante este clamor. Sin embargo, aquí hay elementos que pueden dar luces sobre la importancia para el Estado de estos 63 secuestrados. De lograrse un acuerdo para el intercambio humanitario, estos militares y policías volverían a la libertad y, en un país de leguleyos y casuistas, pronto estos hombres que han padecido varios años de secuestro, tendrían que enfrentar las denuncias por el delito de cobardía. Si la Justicia Penal Militar no abordara la investigación de oficio, entonces esos mismos leguleyos denunciarían al estamento judicial por prevaricato por omisión. En el caso de Mitú, la defensa tendría que entrar a demostrar que se agotaron los medios de defensa de la guarnición y que en aras de proteger la vida, los policías decidieron rendirse y entregar sus armas.
Este es un berenjenal jurídico en el que no quiere adentrarse ningún gobierno. El solo imaginar la captura del coronel Mendieta por el delito de cobardía, después de seis años de secuestro, produce indignación y menosprecio por nuestras leyes. Pero esta puede ser una razón para extender en el tiempo la negociación y el canje.
Para el Estado, la permanencia de los 63 secuestrados en poder de las Farc es un pesado problema operativo para la guerrilla. La jugada que intentaron hacer con el secuestro de estos 63 conciudadanos les salió mal. Veamos las razones:
Desde el punto de vista estratégico, el Estado ve que 63 secuestrados, la mayoría con entrenamiento para el combate, requieren de una guardia numerosa que automáticamente queda al margen de las operaciones terroristas. Este pie de fuerza es requerido por los guerrilleros para repeler las acciones del Ejército en los diferentes sitios en donde se está adelantando el Plan Patriota.
Si a esto le sumamos que estos secuestrados no representan dinero para las Farc, tenemos que los gastos para la alimentación, la dotación, los medicamentos y todos los elementos que requieren para su vida cotidiana (si al estar secuestrado se le puede llamar vida) corren por cuenta de la guerrilla y que no serán reembolsados al momento de la liberación.
Hagamos cuentas: los 63 secuestrados en total requieren anualmente 22995 raciones de comida, si solo comen una vez al día. Si son las tres comidas normales, hablaríamos de 69 mil raciones de comida al año. Si cada ración cuesta más o menos $2000, las Farc estarían perdiendo 138 millones de pesos anuales. Si a esto le damos un promedio de 5 años de secuestro para estos conciudadanos, en solo comida las Farc habrán gastado cerca de 700 millones de pesos.
A lo anterior, sumemos la ropa, que según un informe gubernamental, cuesta $60.000 trimestrales por persona. Como los 63 son secuestrados, supongamos que solo les dan dos dotaciones al año, es decir, $120.000 por cabeza. Esto representa en los cinco años casi 40 millones de pesos. En medicinas, instalaciones, sueldos de los guardias y traslados podemos hablar de un total de mil millones de pesos en costos no reembolsables para las Farc.
Claro, el dinero lo recuperan con un cargamento de narcóticos. Pero el tema de movilidad, la reducción de su pie de fuerza y el dinero se suman y pesan a la hora de hacer un balance de costo – beneficio para las Farc.
La guerrilla está desesperada con los 63 secuestrados. No han servido de instrumento político. Tampoco les han permitido recuperar el grueso de los terroristas que están en las cárceles. La opinión nacional e internacional ejerce presión contra el Estado y contra ellos, lo que perjudica las acciones diplomáticas de ese grupo en el exterior y deja al gobierno la posibilidad de señalarlos como los directos responsables por la seguridad y la vida de estas personas.
Por eso proponen el canje. Porque los secuestrados se les han convertido en lastre y esa es la razón para reducir sus exigencias de despejar tres departamentos a solo dos municipios. Las Farc quieren deshacerse de estos secuestrados y si de paso logran conseguir algo, pues mucho mejor. Esta situación la tiene clara el gobierno nacional, que así parezca indiferente, tiene en su poder una valiosa estrategia de desgaste contra los terroristas de las Farc.