El proceso de paz colombiano es atípico por la gran oposición que lidera el senador Uribe y la soberbia de las Farc, de tal tamaño que en las presidenciales polarizó el país y casi que lo dividió por la mitad. Imponerlo a través de la ley lo blinda jurídicamente, pero nacería maltrecho y tendría serias dificultades en su implementación por su falta de legitimidad.

Aunque inusual, pues no se ha intentado en otros lados, darle la oportunidad a la gente de expresarle su apoyo o su rechazo a través de las urnas, le da la legitimidad que han tratado de restarle los opositores y lo robustece de cara al post conflicto. Es un riesgo. Es el todo o nada. Pero si se gana, se ahorrarían a futuro las muchas dificultades que enfrentan otros procesos, incluyendo la reapertura de juicios y su desmonte.