Anuncios de Santos sobre expropiación de tierras a Farc son falsos

Alejandro Reyes Posada, asesor del Gobierno en Cuba, dijo en LA F.m. que lo dicho por Santos "no tiene mucha realidad jurídica ni operativa desde el punto de vista de las leyes agrarias".

Alejandro Reyes Posada, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, sociólogo con Master de UC Berkeley, investigador social, escritor, ensayista, conferencista, columnista de prensa, consultor independiente y actualmente asesor del Gobierno en Cuba, publicó una carta en la que pone en tela de juicio los recientes anuncios sobre los diálogos de paz.

En diálogo con LA F.m. Reyes Posada aseguró que le escribió una carta al presidente, Juan Manuel Santos, al considerar que hay errores tras los anuncios del Gobierno sobre expropiación a tierras a las Farc en Macarena y el Yarí.

"A nadie se le puede quitar la tierra a la fuerza, con la fuerza del Estado, sino con un proceso jurídico", aseguró Reyes Posada. "Yo tengo muchas dudas con esa operación que se anunció de recuperar 285.000 hectáreas en una tierra donde generalmente son baldíos", aseguró.

"Fue un anuncio para enviar mensajes a las Farc, pero que no tiene mucha realidad jurídica ni operativa desde el punto de vista de las leyes agrarias", agregó. "No se han hecho las cosas bien". El asesor aseguró que, a su parecer, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, hizo incurrir en el error al jefe de Estado. El superintendente, en diálogo con LA F.m., hizo reparos a cada una de las observaciones de Reyes Posada.

Esta es la misiva publicada por Alejandro Reyes Posada

Presidente:

Me sorprendió el anuncio de la recuperación de 285.000 hectáreas de las Farc en La Macarena y los llanos del Yarí porque el Estado está lejos de poder hacerlo jurídicamente. No está formado el catastro en la zona, no hay condiciones de seguridad para enviar topógrafos a hacerlo, sólo 10 de las fincas pequeñas han sido adjudicadas por Incoder y casi ninguna tiene folio de matrícula en el Registro.

Gran parte de la zona es, legalmente, baldíos nacionales ocupados por campesinos desde hace décadas, con derechos consuetudinarios como ocupantes con aspiración a ser beneficiarios de adjudicación, sometidos al dominio territorial de las Farc, quienes han regulado la tenencia informal a favor de quienes acatan su mando y en contra de quienes lo resisten.

El caso de las 40.000 reses es todavía más dramático, porque era ganado financiado por el Fondo Ganadero del Caquetá, pastando en los potreros de los dueños, que un día las Farc decidió que ya no tenían que rendirle cuentas al Fondo sino a ellas, pues decidieron expropiar al Fondo Ganadero. No fueron producto de abigeato de las Farc, nadie las cambió de potrero, sino que fue un mero cambio contable de acreedor. El gobierno no va a poder recuperar ni una sola res, que los campesinos consideran propia.

Creo que usted fue inducido a error grave por el Superintendente de Notariado y Registro, quien lideró la operación, a partir de información de inteligencia militar surgida de los computadores de Jojoy, que no demuestran propiedad de las Farc sino contabilidad tributaria de las Farc sobre una región bajo su control. El Incoder, con apoyo de OIM, inició en 2013 el estudio de la propiedad en el área y pronto desistió de enviar catastrales y abogados por temor a riesgos de seguridad.

El Superintendente administra una justicia rogada, que responde a solicitudes de los ciudadanos y las entidades para registrar o cancelar derechos, pero que no puede alterar registros sin un acto originario legal que se lo exija, emanado del Incoder o de los jueces. El mismo Incoder no puede registrar modificaciones en la propiedad si el proceso agrario ha sido demandado ante la justicia contenciosa administrativa y duerme en el congelador del Consejo de Estado.

El impacto de esta falsa recuperación simbólica en la negociación de paz es muy negativo, pues les dice a las Farc que el Estado no respetará derechos de tenencia de los campesinos en sus áreas de influencia, en contravía de lo pactado en el acuerdo agrario, que obliga al gobierno a formalizarlos, adjudicarlos, restituirlos y distribuirlos.

En síntesis, la tierra en Colombia no puede recuperarse con una operación militar con apariencia precaria de legalidad, sino que debe ser objeto de un ordenamiento integral, que se puede encadenar simultáneamente con la realización del nuevo catastro multipropósito, hecho por barrido territorial, que identifique y alindere todas las áreas de protección ambiental, territorios étnicos, baldíos ocupados para adjudicar, posesiones privadas informales para formalizar, predios para restituir, y finalmente, que identifique los predios susceptibles de clarificación con procesos agrarios, que defina si son baldíos ilegalmente despojados a la nación, o tierras inexplotadas para extinción del dominio, o reservados para usos comunitarios como playones, ciénagas, servidumbres de paso o de interés público para infraestructura.

Servidor y amigo,

Alejandro Reyes Posada