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Desde el allanamiento al parqueadero Padilla se sabía que Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y su principal testaferro, era el alma de la economía ilegal de las AUC. Pero solo se le capturo 15 años después. Foto: archivo Semana. Aparecían empresas como Funpazcor, que fueron la fachada para la más grande operación de despojo a los campesinos por parte de paramilitares. Eran más de 300 personas y 40 empresas las que aparecían allí. Era además un momento en el que los paramilitares habían entendido que, aunque tenían poder militar, necesitan a los políticos. Lo que ocurrió con la investigación del Parqueadero Padilla todavía es una espina clavada en el corazón de Iván Velásquez, y merece reportaje aparte. Solo baste con decir que el Fiscal General dio la orden de trasladar el caso para Bogotá, a la Unidad de Derechos Humanos, y allí poco se hizo con ella. Tres años después, en 2001, cuando el fiscal Gómez Méndez estaba a punto de salir se hicieron allanamientos en Córdoba, con la información obtenida en aquél parqueadero en abril de 1998. Para entonces ya mucha sangre había corrido. Incluida la sangre de los investigadores del CTI que hicieron el allanamiento, quienes tenían al enemigo adentro. Uno de los miembros del CTI, al que nunca quisieron remover desde Bogotá, según Velásquez, era 'Rogelio' un hombre que llegó a ser la mano derecha de 'Don Berna', y jefe por un breve tiempo de la Oficina de Envigado, la estructura criminal más persistente que ha tenido Colombia. Gómez Méndez alega que el expediente 34.986, como se numeró este proceso de 347 carpetas, murió en manos de su sucesor, Luis Camilo Osorio, pero Velásquez es enfático en desmentirlo. El caso, perjura, murió cuando fue llevado a Bogotá. El caso del Parqueadero Padilla generó un riesgo monumental para todos en la Fiscalía. Por supuesto para Velásquez que era la cabeza de dicha investigación. Sin embargo, pocos meses después, cuando salió del cargo, la Fiscalía quiso quitarle el esquema de seguridad. Vino a ser un derecho de petición interpuesto por su esposa el que logró que le asignaran un carro, que en la primera salida se quedó sin frenos, y estuvo a punto de matarlo. Sin mayores espavientos, Velásquez siguió trabajando en la rama judicial en Medellín, pero cuando tuvo la propuesta de trabajar en la Corte, como magistrado auxiliar, no lo pensó dos veces y adoptó esa posición en 2000, en el despacho del magistrado Pérez. El mismo que por una especie de ruleta que viraba esta vez a favor de la justicia, le tocó asumir la denuncia que escuetamente hizo Clara López. Y por otro capricho del destino, dentro del despacho de Pérez, la investigación le cayó al magistrado auxiliar Velásquez, posiblemente uno de los que más conocía como había sido la génesis del paramilitarismo. En las entrañas de la para-política ¿Por dónde empezar una investigación cuya única pista es un recorte de prensa? Para ese momento, junio de 2006, el país ya se empezaba a hablar de para-política. En febrero de 2005, una investigadora hasta ese momento desconocida, Claudia López, publicó un informe que se titulaba Los héroes que no se han desmovilizado, en el que mostraba las coincidencias entre las votaciones atípicas de las elecciones de 2002, a Congreso, y de 2003 a gobernaciones y alcaldías, y las zonas de control paramilitar. Mostraba cómo en lugares bajo hegemonía de las AUC, donde se habían cometido terribles masacres, algunos políticos habían concentrado más del 90% de los votos. Y su explicación es que la gente se había visto obligada a votar bajo la presión de las armas. Ambas elecciones habían sido definitivas. Uribe ganó con mayoría absoluta, con un discurso de mano dura, y sus aliados dominaban en el país. Durante las elecciones hubo denuncias como las de Piedad Córdoba, que dijo que no la dejaron hacer campaña en Antioquia, pero ninguna autoridad se la tomó en serio. Poco después, en mayo de ese mismo 2005, el senador Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso sobre paramilitarismo, y se concentró en uno de sus colegas: Álvaro García Romero, sobre quien ya existían denuncias serias sobre vínculos con las AUC en Sucre. Uno de los primeros para-políticos en ser investigados por Velásquez fue el senador sucreño Álvaro García Romero, quien terminó involucrado en la masacre de Macayepo, cometida en el año dos mil. Foto: archivo Semana. En febrero de 2002, la revista Semana había publicado un artículo llamado Coincidencias macabras en las que se registraba la conversación del senador Álvaro García Romero, con un ganadero de Sucre. Hablaban en lenguaje cifrado, según lo demostró después la justicia, sobre una masacre de campesinos que se cometería en Macayepo, en la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, en Montes de María. Estas grabaciones sustentaron el debate de Petro. García era un influyente político que nunca hablaba en el Congreso, pero que maneja con un dedo la Comisión Quinta, del presupuesto. Su control sobre las instituciones de Sucre era absoluto, y para nadie sensato había pasado inadvertido que este era un departamento arrasado por los paramilitares, tanto en lo humano, con masacres, como en lo institucional, pues se habían robado literalmente la salud, la educación, y todo cuanto dinero público había. Quien aparecía como responsable de todo ello era un paramilitar llamado Rodrigo Peluffo Cadena, a quien sus propios compinches habían desaparecido y presumiblemente asesinado en 2004, cuando los jefes de las AUC estaban concentrados en Santa Fe Ralito, en negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. En la Corte reposaba alguna una denuncia sobre García en el despacho de otro magistrado. Por esos días, cuando Velásquez andaba cavilando sobre cómo arrancar su investigación, el magistrado Pérez recibió un proyecto de ponencia para resolver dicha investigación. Sin conocer el contenido, Pérez repartió el documento entre sus auxiliares, y por otra casualidad de la vida, le cayó a Iván Velásquez. Se trataba de una preclusión por falta de pruebas. Velásquez alertó a Pérez y este a su vez a la sala penal. No se podía dar por cerrado algo que, en realidad, no se había investigado. Entonces la Corte tomó la decisión de crear un grupo de todos los magistrados auxiliares que tenían estos casos, y trabajarlos conjuntamente. Velásquez de inmediato le dijo a su jefe, que necesitaban investigadores del CTI, ya que la Corte no tenía un órgano investigador. En una gestión breve, el fiscal Mario Iguarán aprobó los investigadores. La Corte estaba decidida a apoyar la investigación. Velásquez cree hoy, con la perspectiva del tiempo, que los magistrados nunca pensaron que el proceso fuera a crecer tanto, y en un principio, se vio como un asunto, por allá, de Sucre, donde clanes y señores de la guerra han dominado la política. Sin embargo, ya en el país había síntomas profundos de que lo que se venía era grave. En abril varios medios publicaron la indagatoria de Rafael García, jefe de sistemas del DAS quien le contó a la justicia que este organismo estaba al servicio del crimen organizado, y que el hombre de las AUC en allí era justamente su director, Jorge Noguera. El DAS no era ninguna rueda suelta. Era ni más ni menos, que el organismo de inteligencia estratégica que dependía de la Presidencia de la República. En septiembre de ese mismo año, Semana reveló parte del contenido del llamado computador de 'Jorge 40', un portátil y varias USB que la Fiscalía le había encontrado a Édgar Antonio Fierro, un paramilitar que no se había desmovilizado y que era el “jefe político” de las AUC en la Costa. Con todos estos indicios, Velásquez empezó su investigación, y por pistas que ya estaban consolidadas la comenzó por Sucre, contra García Romero, Eric Morris, y Jairo Merlano. En noviembre se produjeron las primeras capturas. Casualmente, en ese mismo mes la Fiscalía ordenó la captura de Noguera. En diciembre de 2006 la Corte se da cuenta de que tenía en sus manos un proceso complejo y decide crear una unidad especial para la investigación y nombra a Iván Velásquez como cabeza de ese grupo, al que ya no estarán adscritos 2 sino 18 investigadores. Los magistrados le pusieron verdaderos dientes al proceso. Sobre qué motivó a la Corte a seguir adelante con la investigación, hay coincidencia de que en parte porque los magistrados entendieron la magnitud del problema, y en parte porque al principio creyeron que ese era un asunto de un puñado de políticos de mala saña de tierra caliente. Algo que no afectaba las altas esferas del poder. La Corte Suprema de Justicia creó una comisión especial para investigar la para-política, al frente de la cual estuvo Iván Velásquez. Foto: archivo Semana. Iván Velásquez coincide con otros observadores en que el campanazo que tuvo el gobierno de Uribe sobre lo que se le venía encima, además del caso Noguera, fue cuando en febrero de 2007 la Corte detuvo a Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento. Al primero especialmente, lo capturaron cuando paseaba por un centro comercial de la capital, en un gesto simbólico de que la justicia no se arredraría ante el poder político. Araújo además de pertenecer al más influyente clan político del Cesar, con fuertes lazos con la elite bogotana, era, ni más ni menos, que el hermano de María Consuelo Araújo, la canciller. El gobierno de Álvaro Uribe empezaba a sentirse acorralado por los escándalos. En el primer semestre de ese 2007, renunció la canciller, y en la Casa de Nariño se empieza a crear la idea de que la Corte es adversaria del gobierno. Y Velásquez, un verdadero sirirí. Ahora se sabe que desde 2006 el DAS, en cabeza de Andrés Peñate, tenía orden de hacer inteligencia sobre la Corte. Pero fue luego de la renuncia de Araújo que se ordena toda una operación de infiltración a través de una “Mata Hari”, que instala grabadoras en las oficinas y salas de deliberación privada de los magistrados. Para la casa de Nariño, Iván Velásquez merecía capítulo aparte, justamente porque era el hombre que husmeaba en el pasado, buscando pruebas. Había tenido el acierto de diseñar la investigación por regiones, y no por individuos, buscando como operaban la estructura criminal y no uno de sus componentes. De Sucre, había pasado a Magdalena y Cesar y ahora se metía en un territorio harto conocido por él, tanto como por el Presidente: Antioquia. La Fiscalía tenía desde el año 2000 a un testigo fiable, Jairo Castillo Peralta, exiliado en Canadá, y que había dado detalles sobre el accionar de los grupos paramilitares y sus cómplices. Entre ellos, estaba Mario Uribe, posiblemente el senador más influyente de ese momento, primo y mentor político de Álvaro Uribe Vélez. Los jefes de las AUC ya se habían desmovilizado y estaban rindiendo versiones libres ante los fiscales de Justicia y Paz. Iván Velásquez fue a preguntarles por los congresistas que hacía parte de su movimiento, y allí de nuevo surgió el nombre del primo del presidente. Es así como la Corte le abrió investigación. La investigación contra el entonces senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe fue el detonante para que se montara el complot contra Velásquez. Foto: archivo Semana. Mario Uribe no era un congresista cualquiera, había sido a lo largo de años, el alter ego de su primo, su jefe político y el sustento de su campaña. Ahora su imagen estaba completamente en cuestión. Paramilitares habían señalado que tenía fluidas relaciones con las AUC, y se conocía de su relación con el 'Tuso' Sierra, un narcotraficante que intentó colarse como paramilitar pero no pudo. La relación era estrecha, desde tiempos de negocios de fincas en Andes, Antioquia. Ahora 'El Tuso' estaba preso, a las puertas de la extradición y Mario en la mira de la justicia por haber conseguido sus votos en alianza con las AUC. Su llamado a indagatoria se daba por descontado. Y de allí la acusación y la captura solo eran cuestión de días. Así estaban las cosas cuando Iván Velásquez se encontró, el 10 de septiembre de 2007, con 'Tasmania', en Medellín. El complot apenas comenzaba.

Fuente: Verdad abierta

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