José Antonio Fornaris | Se asegura, que hace unos años, en una reunión a puertas cerradas en el Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Fidel Castro afirmó que China había abierto una puerta al capitalismo y Vietnam una ventana, pero que Cuba no abriría ni una persiana. Pero al parecer esa persiana acaba de abrirse con la aprobación por unanimidad de la Asamblea del Poder Popular –ese parlamento lo aprueba todo por unanimidad- de la nueva Ley de Inversión Extranjera. Claro, cualquiera que sea el inversionista, será una persona muy controlada.
De todas maneras, políticamente hablando, esa ordenanza lo más destacado que tiene es el reconocimiento estatal y gubernamental, de que la administración comunista es incapaz de lograr prosperidad para el país. Eso, contradice de manera radical lo que ha estado afirmando, muy recientemente, el general Raúl M. Castro, quien ha acotado en varias ocasiones que el país avanza.
“Concebir la inversión extranjera como una fuente de desarrollo económico para el país a corto, mediano y largo plazos. (…) reconocemos su importancia para lograr que nuestro socialismo (comunismo) sea próspero y sustentable.” Dijo el ministro de comercio exterior, Rodrigo Malmierca, en la presentación del Proyecto de esa Ley.
A su vez, una de las peores cosas es “La contratación de la fuerza de trabajo a través de entidades empleadoras…”. Es decir, el inversionista pone su dinero pero no puede contratar directamente a nadie para que labore en su negocio.
Eso mantiene intacta la política de exclusión que ha practicado siempre el régimen contra la inmensa mayoría de los cubanos. En esas presuntas empresas, o como se les quiera llamar, laborarán solamente incondicionales de ese Estado que hace más de 55 años presiden los hermanos Castro.
Como garantía se esgrime que en Cuba hay estabilidad política y social. Se infiere que eso es gracias a la existencia de un partido único (comunista), no derecho a huelga, medios de comunicación pública en poder del Estado, no división de poderes y afinados cuerpos de represión política. Pero esa “estabilidad” solo es propia de las tiranías.
Hasta hace muy poco tiempo, y durante 15 años, los cubanos radicados en Cuba, aunque la Constitución establece lo contrario, tenían prohibido alojarse en los hoteles y visitar centros turísticos. Los inversionistas extranjeros, en primer lugar españoles, se hicieron cómplices de esa humillación y discriminación por razones de nacionalidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta isla. Los cómplices de las ofensas a los verdaderos dueños de una nación nunca deben ser olvidados, porque en algún momento es necesario exigirles que rindan cuenta.
Al margen de lo anterior, los que puedan estar tentados, exceptuando a posibles testaferros con orden de invertir para tratar de limpiar capital, por esa Ley de Inversiones Extranjeras, deben recordar que los que dictaron en los primeros años de la década del 60 del pasado siglos, la “nacionalización”, sin indemnización de las propiedades extranjeras en Cuba, continúan manteniendo el poder en la isla.
Y esos mismos gobernantes son los que ordenaron, el viernes último, a su representante ante la ONU que diera el voto de Cuba a favor del despojo territorial y de otros bienes que Rusia ha cometido contra Ucrania.
Pero al mismo tiempo que eso ocurría, se redactaba un comunicado conjunto tras las conversaciones oficiales sostenidas entre el general Raúl M. Castro y Primer Ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dang, que en su punto número ocho acentúa:
“Coincidieron en que los conflictos internacionales deben ser resueltos por medios pacíficos, sobre la base del respeto al Derecho Internacional, a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación, mediante medios pacíficos, sin injerencia en los asuntos internos, sin el uso o amenaza de la fuerza”.”
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