Corte Constitucional analiza si regresan los toros a Bogotá
Ponencia en el tribunal se inclinaría a defender los derechos al trabajo y al debido proceso.
El jueves, tres magistrados de la Corte Constitucional empezarán a definir una de las polémicas del mundo taurino más intensas en Bogotá y en el país: el regreso de la fiesta brava a la capital.
Un año y medio después de que el alcalde Gustavo Petro decidiera terminar el contrato de arrendamiento de la plaza de toros de la Santamaría, el alto tribunal tendrá que definir una tutela interpuesta por Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, que busca proteger los derechos al trabajo y al debido proceso. Aunque el sentido de la ponencia del magistrado Mauricio González no es oficial, fuentes que conocen el proceso le dijeron a EL TIEMPO que en la corte es fuerte la tendencia de defender estos derechos. En el debate participarán los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza.
Según conocedores del tema, esta decisión obligaría a Petro a pronunciarse sobre el futuro de la Santamaría.
La medida de Petro, según Negret, fue una decisión “arbitraria” que afecta también las libertades. El Alcalde ha insistido en que las corridas representan maltrato animal y por eso decidió que el destino de la Santamaría fueran las actividades culturales.
Tras la inconformidad de ganaderos, aficionados y personas que trabajaban en el medio, se han dado ya dos decisiones en la Corte. En octubre del 2012, el alto tribunal determinó que los alcaldes y concejos no tienen facultad para suspender o prohibir las corridas en aquellos municipios donde exista tradición histórica y cultural.
Al declarar exequible la Ley 916 del 2004, que establece los requisitos y la documentación para la celebración de eventos taurinos, los magistrados desarrollaron la decisión del 2010, en la que habían declarado la legalidad de los espectáculos con animales, pero a la vez prohibió la apertura de nuevos escenarios para realizarlos.
En 2010, la Corte había advertido que se podían hacer eventos taurinos, pero en el segundo pronunciamiento el alto tribunal aclaró que en donde existe la cultura taurina los empresarios o quienes organicen esos eventos no necesitan autorización municipal diferente a la que se tramita en cualquier otro evento público.
FUENTE: eltiempo.com